¿Cuánto nos cuestan los privilegios religiosos en Argentina?

Category: Columnas de Opinión, En los Medios

En Argentina nos debemos una reforma laica para terminar con las leyes de la última Dictadura Militar que le otorgan privilegios religiosos a los funcionarios de la Iglesia Católica, a saber: les pagamos el sueldo y las jubilaciones a los Obispos, asignaciones para curas de frontera, seminaristas y jubilaciones graciables de privilegio para sacerdotes. Todas leyes de la última dictadura militar. El presupuesto 2016 contempla un gasto de aproximadamente 104 millones de pesos ($103.480.690) en transferencias directas. Esto representa aproximadamente unas 107.123 AUHs. Son casi 108 mil niños que podrían recibir la cobertura.

El Estado no sólo fracasa cuando el dinero de nuestros impuestos se va por la canaleta de la corrupción, sino también cuando se asignan en partidas que resultan injustas, innecesarias o sencillamente no son prioritarias. Para tomar dimensión, esta plata es aproximadamente una vez y media la cantidad de plata hallada en la caja de seguridad de Florencia Kirchner.

¿Cómo terminar con los privilegios religiosos?

En el caso de los aportes a los funcionarios de la Iglesia Católica, dichos aportes violan convenciones internacionales suscriptas por la Argentina: generan un privilegio en favor de un grupo de funcionarios religiosos determinados a costa de toda la población, independientemente de sus creencias religiosas. Creo que debemos avanzar hacia una reforma laica que libere a la sociedad de la obligación de pagar algo que no corresponde. Podemos, a su vez, pensar en un esquema que permita que quienes sí quieren financiar a sus instituciones religiosas puedan hacerlo de mejor manera.

Por ejemplo, se podría permitir que el aporte confesional se pueda desgravar de impuestos, así cada uno elige a quién apoyar. sea la religión que sea, pero bajo ningún concepto debería haber una transferencia de recursos directas del Estado a cualquier religión. Podría deducirse de ganancias o emular el esquema de mecenazgo cultura que tiene la Ciudad de Buenos Aires para desgravarlo de Ingresos Brutos.

Otra opción podría ser seguir el ejemplo Alemán donde existe un impuesto eclesiástico para aquellas personas que pertenezcan a determinadas religiones. En ese marco, se les genera la obligación de realizar un tributo mensual por sobre lo adeudado en concepto de impuesto a la renta, lo cual otorga una obligación mensual que oscila entre el 1,5% y el 2% del sueldo del trabajador. El impuesto debe ser retenido por el empleador. Para eximirse de la obligación las personas deben presentarse ante un tribunal u oficina gubernamental para realizar una declaración de apostasía (renuncia religiosa).

Según una reciente encuesta llevada adelante por el CONICET el 76% de la población se considera católica, razón por la cual perfectamente podrían sostener la estructura religiosa con aportes voluntarios. Creo que es importante  destacar que el modelo voluntario es superior a uno compulsivo como el alemán por dos razones: primero, en Argentina también tenemos un problema de índole estadística. Las personas figuran como católicas por los registros de bautizados. El problema es que el “bautismo” es un acto jurídico que realizan los padres de una criatura que difícilmente pueda tener validez para considerarlo “miembro” de una religión determinada en términos oficiales y, de hacerlo, lo lógico sería darle a los ciudadanos la posibilidad de ratificar su decisión al ser adultos. De hecho, 76% se define como católico, a pesar de haber casi un 96% de bautizados, y sólo un 27,3% “se relaciona con Dios” a través de instituciones o comunidades religiosas.

Una forma interesante de optimizar estos vicios registrales sería cruzando las bases de datos de la AFIP con las del registro de cultos y permitirle a uno darse alta/baja de una religión por ese medio. Lo mismo debería poder hacerse para las afiliaciones a los partidos políticos, optimizaría mucho al sistema y evitaría muchas avivadas.

¿Con qué criterio financiamos?

Nada de lo anterior niega la importancia que tienen las instituciones religiosas, tanto las católicas como las de otras confesiones, en su ayuda comunitaria. Pero sería ridículo y hasta perverso querer justificar estos privilegios que denunciamos por la acción comunitaria que viene realizando una entidad religiosa en particular.

Si estamos dispuestos a financiar a una entidad por el beneficio comunitario que genera, entonces financiemos en base a los resultados independientemente del credo al cual pertenece, que compitan con otros actores (confesionales y laicos) por los fondos en base a ayudar a la mayor cantidad de personas de la mejor manera posible y dejemos de usar el dinero de todos los argentinos para financiar a algunos funcionarios religiosos sólo por algún delirio de los miembros de la última Dictadura Militar. Los privilegios religiosos deben terminar.

 

Publicado en politicasypublicas.com el 4 de agosto de 2016

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